Para que una solicitud de extradición a México sea procedente, es necesario que se cumplan ciertos requisitos. En primer lugar, la persona a extraditar debe ser acusada de un delito que sea punible tanto en el país solicitante como en México.
R: No, México no extradita a personas que ya han sido juzgadas y condenadas por el mismo delito en México.
Deseosos de cooperar más estrechamente en la lucha contra la delincuencia y de prestarse mutuamente, con ese fin, una mayor asistencia en materia de extradición,
Aunado al rigor académico con que se abordan los temas de estudio y se emplean herramientas metodológicas como el derecho comparado y el examen de fuentes biblio&#a hundred and fifty;hemerográficas y documentales, el texto tiene la virtud de utilizar un lenguaje especializado pero comprensible para el lector no familiarizado con la terminología jurídica.
El capítulo IV lleva por título "México y la extradición". En este apartado se parte del argumento de que los tratados internacionales son la principal fuente de la extradición, por tanto, es necesario conocer la posición que guardan dichos instrumentos jurídicos dentro del sistema de fuentes de un Estado. Para el caso mexicano, se analiza el artículo 133 constitucional a la luz de la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó sobre dicho numeral en 1999, llegando a la conclusión de que fue atinada la postura de la SCJN, al establecer que los tratados internacionales se encuentran inmediatamente por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes federales.
Una vez localizada la persona en el extranjero y se ha descartado que se trate de una homonimia, es decir, se asegura que es la persona requerida en extradición, se elabora una solicitud de detención provisional con fines de extradición o una petición formal de extradición; asimismo, las solicitudes y/o peticiones formales de extradición se acompañarán de los documentos que soporten las mismas.
La autora analiza diversos instrumentos jurídicos internacionales con el fin de identificar y rescatar los principios jurídicos y garantías individuales que con el paso del tiempo se han convertido en elementos imprescindibles en todo tratado y ley de extradición.
En segundo lugar, se realiza un amplio recuento histórico de las conferencias y convenciones internacionales en materia de extradición o relacionadas con el tema, celebradas durante los siglos XIX y XX, tanto a nivel mundial como a nivel regional, resaltando los esfuerzos realizados en el continente americano para lograr la sistematización de las normas que regulan el procedimiento de extradición.
Por otro lado, analiza la forma en que México ha asimilado en su derecho interno dicho mecanismo de cooperación y las contribuciones mexicanas al desarrollo, consolidación y creación de normas uniformes de extradición en el ámbito regional latinoamericano. A lo largo de toda la obra, la autora se vale del derecho comparado para Check This Out estudiar y confrontar las diferentes tradiciones jurídicas en materia de extradición imperantes en los países latinoamericanos y España, con el objetivo de rescatar todas aquellas similitudes que puedan coadyuvar a la creación de las ya mencionadas normas uniformes.
Mientras que son pasivas las solicitudes que recibe nuestro país de parte de gobiernos extranjeros, en virtud de encontrarse un prófugo de la justicia de dicho Estado en nuestro país.
Para combatir la falta de tratados de extradición, los países pueden establecer acuerdos informales o prácticas de extradición que permitan la entrega de personas buscadas por la justicia.
5. Que la pena a la weblink que puede ser condenada la persona acusada no sea mayor a la establecida en la ley mexicana para el mismo delito.
La extradición en México Source puede ser negada en casos donde se considera que la persona solicitada podría ser víctima de tortura, pena de muerte o cualquier forma de trato cruel o inhumano en el país solicitante.
Los países pueden tomar medidas como emitir órdenes de captura internacionales, cooperar con otros países para llevar a cabo investigaciones conjuntas y aplicar sanciones económicas y políticas a los países que no cooperan en la lucha contra el crimen.